Detectives de la Brigada de Delitos Económicos, BRIDEC Rancagua y personal de la brigada territorial especialidad de la PDI San Fernando junto a la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O´Higgins se constituyeron durante la jornada de hoy en dependencias de la Municipalidad y de la Corporación Municipal de esta ciudad para realizar una serie de diligencias enmarcadas en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por presuntas irregularidades administrativas y financieras que fueron detectadas en el último informe de la Contraloría General de la República.
La diligencia de hoy se trató principalmente de una orden de entrada y registro tendiente a incautar computadores y resguardar posible evidencia informática y documental de las distintas oficinas de la Corporación Municipal de Educación y Salud como también de la Municipalidad de San Fernando. El operativo fue encabezado y dirigido por la fiscal de alta complejidad de la región Fabiola Echeverría.
Hay que recordar que a mediados de abril pasado la Contraloría reveló graves irregularidades financieras en la CORMUSAF, donde el informe dado a conocer establecía en una de sus partes, que la Corporación no pudo acreditar gastos por más de 1.400 millones de pesos. En el mismo informe se habla de millonarias irregularidades financieras y contables al auditar las áreas de educación y salud.
Dada la gravedad de los hallazgos, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Entre las principales irregularidades se estableció que la Corporación no pudo acreditar gastos por más de mil 400 millones de pesos correspondientes a trabajos de mantenimiento a los establecimientos educacionales, remuneraciones, consumo de electricidad y rendiciones de gastos menores y gastos de remuneraciones en efectivo sin respaldo.
El 11 de mayo recién pasado la Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad del recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago interpuesto por el alcalde de San Fernando Luis Berwart, en contra de la Contraloría General por la publicación del informe final emitido el 19 de marzo de 2021. Con esta resolución el jefe comunal de esta ciudad no tiene más instancias de apelación.
