El documento también es suscrito por los diputados Daniel Nuñez y el diputado electo Jaime Mulet y busca dejar sin efecto el contrato que le permitiría a SQM la explotación del litio en el Salar de Atcama hasta el año 2030. También participaron en el ingreso de la solicitud el coordinador nacional del Movimiento Litio para Chile, Miguel Soto, y el vicepresidente de la Feusach, Cristopher Hidalgo.
“Nosotros hemos presentado cuatro causales del porqué este contrato debe ser inválido, primero es porque tiene vicios de procedimiento que incumple las normas básicas de probidad, ya que fue el propio Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien afirmó que él no fue citado al Consejo de Ministros de la Corfo que votó este tema. El no haberlo citado sin duda fue para que no hubiera una voz que estuviera en contra de los lineamiento expuestos y ya conocidos por el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán”. Recalcó la parlamentaria
Otro de los argumentos expuestos en el requerimiento dice con relación al incumplimiento de probidad de la administración pública ya que financió irregularmente a políticos chilenos, por medio de boletas ideológicamente falsas por parte de Soquimich.
“el contrato que pretende hacer Corfo, con una empresa como SQM que ha pagado 14.7 millones de dólares a políticos de forma ilegal, según la sanción establecida por la SEC de EE.UU es un flagante acto de corrupción”, enfatizó la Diputada Sepúlveda.
Dentro del mismo marco la parlamentaria por la Sexta Región, expone que los otros argumentos tienen que ver con prácticas antisindicales y graves faltas a la competitividad.
“SQM tiene a lo menos cinco prácticas antisindicales acreditadas de hostigamiento constante a sus trabajadores que atentan contra la libertad sindical, además en el año 2030 cuando finalice este nuevo contrato, Soquimich será una empresa robustecida en la extracción del litio, ya que es un mercado altamente concentrado con sólo dos compañías mineras en Chile dedicadas a este rubro, lo que genera que ante una eventual nueva licitación, lo más probable es que serán adjudicados, aquí está en juego el patrimonio público de nuestro país”.
Los parlamentarios, solicitan a Contraloría representar este acuerdo, manifestando que el contrato es ilegal y no puede ser validado.
