Sorprendidas y afligidas se encuentran las profesionales del rubro psicopedagógico, luego que en estos meses el Ministerio de Educación por medio de una resolución dado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), hayan decidido dejar de otorgarles el Bono de Reconocimiento Profesional (BRP), afectando sus remuneraciones hasta en un 40%, luego de haber recibido este beneficio por más de diez años.
A las complicaciones de remuneración, se suma la decisión de que las profesionales pedagógicas se verán limitadas en las autorizaciones para ejercer funciones docentes en los establecimientos escolares, afectando directamente a las niñas y niños que reciben su educación.
Es dentro de este marco que el Movimiento Psicopedagógico, que se basa en posicionar la relevancia de la profesión y evitar los continuos impedimentos para el ejercicio de la profesión en la educación pública, se ha reunido con la diputada Alejandra Sepúlveda para buscar una solución a este grave problema. "Hace más de diez años que las profesionales del área de la psicopedagogía han recibido el bono BRP y hoy se les ha quitado de forma arbitraria y sin dar razones de peso, esto no sólo les afecta en lo económico sino que además las limitan en el ejercicio de su labor. Es por esto que nos hemos reunido en la Contraloría en Santiago, junto al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para que se pronuncie sobre esta determinación que creemos es sumamente perjudicial para este importante grupo de profesionales, pero además para las niñas y niños de nuestro país", recalcó la parlamentaria.
"Estamos muy agradecidas de la diputada Alejandra Sepúlveda, porque nos ha abierto puertas para poder dar a conocer la grave situación en la que nos encontramos y la posibilidad de encontrar una solución lo antes posible, ya que si bien se han pasado a llevar nuestros derechos laborales, lo que más nos preocupa es que también afecta directamente el desarrollo educativo de los alumnos", afirmó la psicopedagoga y dirigenta del movimiento, Paola Jara.
"Estos profesionales hoy se encuentran vulnerados en sus derechos laborales más esenciales, como es una justa retribución económica por su importante labor, pero además los han hostigado para que realicen estudios de educación diferencial, con la amenaza constante de que si no los hacen perderán sus trabajos para el próximo año, lo cual es muy grave", finalizó la diputada Sepúlveda.
Dentro de las exigencias que este movimiento exige, se encuentra que se respeten sus contratos hasta febrero de 2018 para quienes estén a contrata, mantener el pago del BRP a quienes se encuentren trabajando bajo autorización docente y que se resguarde la no segregación de los profesionales de la psicopedagogía y se garantice su participación en la educación como elementos centrales.
Luego de la reunión que sostuvieron en Contraloría junto a la diputada Alejandra Sepúlveda, las psicopedagogas están a la espera de que el Contralor General de la República, que se encuentra recopilando los antecedentes de la situación, entregue una respuesta dentro de un mes aproximadamente./
