El cuerpo de concejales de la comuna de San Fernando presentó una denuncia en el Ministerio Público contra el municipio y las personas que resulten responsables a raíz del informe 830/2020 de Contraloría de recursos del estado para contingencia Covid y que no tendría los respaldos respectivos de la entrega de estos beneficios de ayudas sociales en las formas previstas por la Ley.
Esta denuncia fue presentada por la concejala Marta Cádiz y los concejales Alejandro Riquelme, Andrés Jorquera, Pablo Orellana, Enrique Díaz y Robert Arias.
El concejal Alejandro Riquelme señaló que "Los procedimientos de recursos del Estado se tienen que cumplir, tienen que ser entregados a las personas que corresponden, los contratos de arriendos de vehículos se tienen que rendir y cuando la entrega de ayuda social es para algunas personas que no son de San Fernando llama la atención".
Dijo también que "Nosotros tenemos la obligación como concejales entregar la información a la Justicia y al Ministerio Público, ellos tendrán que investigar y proceder. Esto tienen que marcar un procedente para el futuro, los alcaldes tienen que entender que los recursos de las personas tienen que cuidarse, diferenciando las platas"
Por su parte, el concejal Robert Arias señaló que "El deber nuestro es denunciar algunas situaciones que nos hace ver contraloría, esta llegó recién hace algunos días sobre la documentación de la ayuda que se entregó por parte del gobierno para que los municipios apoyaran a los vecinos en esta pandemia, tampoco este organismo tuvo acceso a los documento de los contratos de las camionetas que se contrataron para este efecto y otras series de irregularidades que hace ver Contraloría en el informe 830 del 2020".
Agregó también el concejal que "Esto viene a cerrar un ciclo de este concejo municipal el cual partió haciendo la denuncia por notable abandono de deberes el 2017 y este 2021 estamos cerrando el ciclo con una serie de denuncias tanto en educación, salud y otros documentos de contraloría".
Sobre la denuncias los concejales manifestaron que falta el contrato de arriendo de las 11 camionetas para el tema Covid-19, no hay claridad en los gastos de los 350 millones de pesos recibidos desde el Estado y también el cobro de un cheque por 80 millones de pesos que no cumple con lo establecido en la Ley.
