Seremi de Gobierno Milena Acevedo: "Educación de calidad; es también proteger a la comunidad escolar de actos violentos"

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El proyecto, aprobado en el congreso, establece como un deber de los directores de "iniciar un proceso sancionatorio" en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas calificadas como "graves o gravísimas" en sus respectivos reglamentos. Dicho procedimiento puede derivar, en el caso de los estudiantes, en su expulsión y la cancelación de matrícula.

La seremi de Gobierno, Milena Acevedo, resaltó que el Presidente Sebastián Piñera, a través de esta iniciativa busca armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado, ya que el Estado por medio del Mineduc, se hará cargo de ubicar al estudiante sancionado con todas las medidas correspondientes para prestar el apoyo necesario al alumno y su entorno.

Para Milena Acevedo la importancia de la iniciativa aprobada en el Parlamento, Aula Segura, tiene directa relación con la tranquilidad de la comunidad estudiantil, otorgando seguridad a todos los alumnos que desean estudiar, a los profesores y apoderados; "Bien por la educación de nuestro país, por miles de estudiantes, familias, padres, apoderados y por la comunidad educativa al aprobarse #AulaSegura. Bien por el Gob. Del Presidente Sebastián Piñera por poner atajo a la violencia en los colegios. Antiguamente la ley no contaba con herramientas adecuadas para poder accionar ante los hechos de violencia. Con la iniciativa impulsada por el Presidente Sebastián Piñera y aprobada en el Congreso, Aula Segura, se incorpora un forma más expedita de expulsión o cancelación de matrícula en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa", indicó la autoridad regional.

El proyecto del Gobierno busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en determinados casos de violencia.

Además, la propuesta busca salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los reglamentos internos.

De acuerdo a lo establecido en los fundamentos del texto, estas conductas pueden ir desde las agresiones o abusos, entre miembros de la comunidad escolar hasta hechos de violencia extrema, como el porte de armas o la tenencia y uso de bombas molotov.

El director también tendrá la facultad de suspender al alumno como medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un período de 10 días de investigación, fijándose además cinco días posteriores para la apelación del estudiante sancionado.

Además, se incluye un programa de acompañamiento con recursos que deberá patrocinar el Ejecutivo, tanto para los jóvenes como para los establecimientos que enfrenten estas situaciones./

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