Las autoridades políticas: Actores clave en el escalamiento de la violencia de protesta

Noticias

Las recientes protestas en Colombia, y la escalada de violencia resultante en diversas ciudades de ese país, nos permiten volver sobre lo que la investigación de avanzada en torno a las dinámicas de protesta ha venido reiterando incansablemente: que la calidad de la interacción entre manifestantes y autoridades sería el factor clave que ayudaría a disminuir la probabilidad de que la violencia de protesta gane legitimidad tanto entre protestantes como en la población general.

La investigación ha demostrado que mientras las medidas tomadas por las autoridades se perciban como restricciones al derecho a protestar y se basen en el supuesto de que todas las grandes agrupaciones de manifestantes son peligrosas, irracionales, e intrínsecamente violentas, más probable será que las personas perciban a las autoridades como antagonistas a los que es necesario confrontar. Lo anterior, daría pie a escaladas de violencia cada vez más difíciles de gestionar, donde actos de brutalidad policial y medidas de fuerza como enviar al ejército a realizar tareas de orden público podrían tener dos graves consecuencias. En primer lugar, que más personas sientan la necesidad de movilizarse con el objetivo de enfrentar directamente a las autoridades producto de la indignación que pueden generar las acciones de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, la violencia de protesta, bajo la fórmula de actos de auto-defensa en contra del abuso policial, podría rápidamente ganar adeptos no sólo entre los manifestantes sino también entre la opinión pública que no participa de las manifestaciones. Esto último se explicaría tanto por la generación de lazos de solidaridad con aquellos que se encuentran en las calles como también por la posibilidad de que las personas manejen ideas contradictorias en torno a la justificación de la violencia de protesta.

En consecuencia, la (des)legitimización de la violencia de protesta (contra la policía e infraestructura pública) no respondería a una regla universal ni sería incondicional (o 'venga de donde venga'), sino que más bien se establecería de acuerdo a las condiciones que enfrentan los protestantes y, por tanto, a cómo las autoridades configuran las circunstancias en que se llevan a cabo las manifestaciones.

En conclusión, y esencialmente, es deber de las autoridades evitar el escalamiento de la protesta de violencia mediante la revisión activa de los protocolos que siguen las policías en las calles; evitando los discursos que criminalizan las acciones de los manifestantes; y familiarizándose con dos principios fundamentales que deben estar en la base de la gestión de eventos masivos en general, y de las protestas en particular: primero, los actos de violencia al interior de las multitudes no son irracionales.

De hecho, en su mayoría son selectivos y siguen patrones de conducta identificables. Segundo, la violencia de protesta no surge ni se 'alimenta' únicamente del actuar de grupos o personas 'radicalizadas', sino que esencialmente se constituye a partir de la calidad de la interacción entre manifestantes y autoridades (gobierno y la policía), y cómo ésta es evaluada por la opinión pública.

La versión completa de esta columna, puede encontrarse en https://bit.ly/3ttX00N

Dr. Patricio Saavedra Morales
Profesor Asistente
Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de O'Higgins

Rancagua

Despejado
San Fernando

10°

Soleado
San Vicente

10°

Soleado
Pichilemu

11°

Despejado
Santa Cruz

10°

Soleado