Tras el traspaso, a cerca de 300 funcionarios de la capital de Colchagua se le disminuyó sus remuneraciones en casi el 50%.
Ante denuncia por infracción de derechos fundamentales interpuesta por los abogados Leonel Cajas y Rodrigo Iberti en representación de un grupo de siete asistentes de la educación recientemente traspasados desde la Corporación Municipal de San Fernando al Servicio Local de Educación Pública de Colchagua (SLEP Colchagua), el Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, mediante el ejercicio de las facultades del artículo 492 del Código del Trabajo, otorgó un plazo de 10 días al Servicio Local de Educación de Colchagua para "Restituir a cada una de las demandantes, las sumas de dinero reclamadas en la demanda, que fueron dejadas de pagar producto del traspaso antes referido, y que además se continúe pagando a los demandantes las remuneraciones que percibían", mientras se mantenga vigente la relación laboral".
En el marco del proceso de desmunicipalización de la educación pública, a partir del 1 de enero de este año, el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua se hizo cargo de todos los establecimientos educacionales que se encontraban bajo la administración de la Corporación Municipal de San Fernando.
Ello significó el traspaso de todos los bienes muebles, inmuebles y personal de dichos establecimientos. No obstante que la misma ley que ordenó el traspaso del personal, estableció que en ningún caso este proceso significaría pérdida de derechos adquiridos, el SLEP Colchagua decidió suspender el pago de "determinados haberes" que "estarían en etapa de estudio", afectando desde enero los sueldos de manera tan significativa que en algunos casos ha alcanzado casi un 50% de rebaja.
A raíz de esta situación desde hace ya más de 3 meses, cientos de trabajadores de la educación pública de San Fernando y sus familias han visto gravemente precarizada su situación en plena pandemia.
Recientemente el senador Juan Pablo Letelier afirmó que, "llama poderosamente la atención lo que está pasando con los asistentes de educación, los que junto con estar sindicalizados tenían también instrumentos de negociación colectiva vigente en los plazos que la ley de traspaso exigía para que no sufrieran menoscabo en sus remuneraciones". Respecto al traspaso el legislador explicó que "la ley dice que todo contrato colectivo vigente de seis meses antes del traspaso, se debe respetar los ingresos que percibían los trabajadores. En San Fernando sí había un instrumento colectivo vigente desde 2019", precisó.
