Concejal Alejandro Riquelme tras informe de Contraloría: "Las personas responsables del mal manejo de la Cormusaf nunca más deben participar en la administración pública"

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El concejal Alejandro Riquelme Calvo, tras el categórico informe de Contraloría sobre la Corporación Municipal de Educación, Menores y Salud de San Fernando en la cual no pudo acreditar más de mil cuatrocientos millones de pesos, señaló que las personas responsables, de por vida, nunca más deben participar en la administración pública.

La autoridad comunal manifestó además que "Lo que apareció en Contraloría no es nada nuevo, son dineros que no pudieron acreditar en la Superintendencia de Educación por recursos del Estado, se suma a las denuncias que hemos hecho los concejales en Fiscalía y Contraloría y en el Consejo de Defensa del Estado, si bien es tardío, es importante marcar un precedente para que nunca más el presidente y gerente de esta Corporación, si son responsables, estén en la administración pública".

Agregó que "San Fernando necesita generar una nueva etapa, combatir la crisis de representatividad, participación y transparencia, generando las confianzas, donde las instituciones en Chile deben demostrar que funcionan y para eso, un buen síntoma es que puedan sancionar a las personas responsables".
Finalizó expresando que "Esperamos hoy día que los responsables paguen con lo que corresponden, fuera del servicio público por siempre, y para eso tienen que terminar los procesos y las instituciones del Estado tiene que actuar a tiempo".

Recordemos que en las últimas horas la Contraloría General de la Republica al auditar las áreas de Educación y Salud de la Municipalidad de San Fernando (CORMUSAF) durante 2017, 2018 y posterior estableció que la Corporación de Educación no pudo acreditar gastos por $1.456.445.336, correspondientes a trabajos de mantenimiento a los establecimientos educacionales, remuneraciones, consumo de electricidad y rendiciones de gastos menores; gastos de remuneraciones en efectivo sin respaldo; otros pagos por adquisiciones y servicios realizados en efectivo; y asociados a transferencias provenientes de la Municipalidad de San Fernando para solventar el pago a la Caja de Compensación La Araucana.

La Contraloría ordenó un sumario y además remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

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