Defensoría Penal Pública figura como la institución mejor evaluada del sistema de justicia penal

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Mientras el 66 por ciento de los encuestados dijo conocer al servicio y el 35 por ciento lo evaluó con nota 5 a 7, el 82 por ciento de los consultados evaluó con nota 3 al sistema en su conjunto.

Un estudio de percepción encargado por la Defensoría Penal Pública a la empresa Cadem dio cuenta de que, en un contexto de mala evaluación general de las instituciones del sistema de justicia, la Defensoría Penal Pública es el servicio con mejores puntajes, atributos y posicionamiento en este ámbito.

En efecto, si en 2018 el 77 por ciento de las personas consultadas puso notas de 1 a 4 al sistema que conforman el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la actual medición el 82 por ciento de los encuestados puso nota 3 a este conjunto, lo que implica una baja de 5 puntos en el resultado general.

La pesquisa fue de tipo cuantitativo probabilístico, se realizó a través de entrevistas vía teléfono celular e incluyó a mil 208 hombre y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y habitantes de todas las regiones del país, con un margen de error estadístico de 2,8 por ciento.

En detalle, esta negativa evaluación global aumentó más en las mujeres (87 por ciento) que en los hombres (77 por ciento) y más en los tramos de jóvenes de 18 a 34 años (84 por ciento) y de adultos de 35 a 54 (85 por ciento) que en el de adultos mayores de 55 (77 por ciento).

LA DEFENSORÍA MEJORA

En el caso de la defensa pública, las conclusiones de la evaluación señalan que "La Defensoría alcanza una mejor posición, por sobre la Fiscalía, los tribunales y el Ministerio de Justicia (...) con un mayor porcentaje de notas de 5 a 7 (35 por ciento), luego la Fiscalía (30 por ciento)", mientras que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia logran los porcentajes más bajos de evaluación positiva, con 23 y 26 por ciento, respectivamente". En todos los casos, sin embargo, los porcentajes de evaluación positiva mejorar respecto del estudio de 2018.

Este mejor resultado de la institución se replicó al medir 'confianza y transparencia', pues el 31 por ciento de las personas otorgó a la Defensoría una evaluación de 5 a 7, en un contexto en que ninguna de las otras instituciones llegó al 30 por ciento en este rango de buena evaluación. En el caso de la institución, este resultado supera en 9 puntos al obtenido en el estudio de 2018.

POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA

Otro buen resultado para la Defensoría surge del grado de conocimiento público respecto de qué es la institución. En este ámbito, el posicionamiento del servicio ha aumentado 22 puntos en cinco años, pues pasó de 44 por ciento en la encuesta de 2015 a 53 por ciento en 2018 y ahora aumentó a 66 por ciento.

En este ítem, además, el grado de conocimiento de la Defensoría es mayor entre quienes pertenecen a pueblos originarios (72 por ciento) que entre quienes no forman parte de ellos (63 por ciento) y también baja gradualmente según disminuye el nivel socioeconómico de las personas consultadas. Así, en el segmento C1 el grado de conocimiento de la Defensoría es de 87 por ciento, pero baja a 56 por ciento en el segmento D/E.

Consultado sobre estos primeros resultados, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, consideró que estas cifras "Refuerzan la necesidad de que todos los actores del sistema de justicia nos acerquemos más a las personas, pues cuando la desaprobación en el desempeño y la desconfianza aumentan, la respuesta de las instituciones debe ser desde la transparencia", señaló.

El directivo destacó la trascendencia de este estudio, que ocurre a 20 años del inicio de la reforma procesal penal y en medio de un año muy complejo, "Donde en la agenda pública se ha relevado la importancia del reconocimiento y protección de los derechos, por lo que existen mayores exigencias ciudadanas respecto de lo que las instituciones debemos hacer", aseguró.

Según Mahnke, "Cada vez es más necesario y urgente que el sistema de justicia hable en un lenguaje claro, pues las personas tienen derecho a entender las implicancias de una decisión judicial, ya que muchas veces ese desconocimiento lleva a una evidente confusión y, desde ahí, a una mala evaluación", sostuvo.